El envejecimiento demográfico plantea desafíos trascendentales para la viabilidad de nuestros sistemas de pensiones. En este artículo analizamos las causas, los impactos y propuestas concretas para garantizar el futuro económico y social de las generaciones presentes y venideras.
El término “envejecimiento poblacional” alude al incremento del peso relativo de las personas mayores sobre el total de la población. España y la Unión Europea se sitúan entre las regiones más envejecidas del planeta, con una proporción que supera el 20 % de habitantes mayores de 65 años y un 6 % de mayores de 80.
Las proyecciones demográficas indican que, hacia 2045, cerca del 30 % de la población española podría tener 65 años o más, y a mediados de siglo se estima que un 40 % podría superar los 60 años. Además, la feminización de la vejez se traduce en una mayor longevidad femenina que repercute en pensiones, dependencia y cuidados.
La esperanza de vida al nacer en España se ubica en torno a 83–84 años, y al alcanzar los 65 años, los ciudadanos pueden aspirar a vivir más de veinte años adicionales de media, prolongando considerablemente el período de cobro de pensiones.
El envejecimiento poblacional es resultado de varias dinámicas convergentes:
España, al igual que muchos países europeos, basa su sistema en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones actuales. Se trata de un pacto intergeneracional en el que confluyen tres pilares:
Las pensiones contributivas se determinan en función del historial de cotización, mientras que las no contributivas aseguran una renta mínima para quienes no alcanzan los requisitos. Junto a ellas, existen prestaciones por viudedad, orfandad y dependencia.
La creciente proporción de jubilados frente a trabajadores en activo tensiona la sostenibilidad financiera del sistema. En las décadas de los 80 y 90 la ratio era de varios cotizantes por pensionista. De no corregirse, las proyecciones sitúan esa relación en torno a 1 a 1 en pocos años.
El gasto en pensiones ronda el 12–13 % del PIB y avanza al alza, compitiendo con otras partidas esenciales como sanidad, educación o dependencia. Esto obliga a recurrir cada vez más a transferencias del Estado o a endeudamiento público.
En términos de equidad intergeneracional, existe la percepción de que las futuras generaciones de trabajadores cotizarán más y recibirán menos, lo que alimenta un sentimiento de desconfianza y brecha social. A su vez, las mujeres sufren una brecha de género en las pensiones por carreras laborales más fragmentadas y salarios inferiores.
El envejecimiento afecta al mercado laboral, forzando a extender la vida activa y a invertir en formación continua para los trabajadores de más edad. Además, la menor población en edad de trabajar puede frenar el crecimiento potencial del PIB, planteando un mayor protagonismo de la automatización y la robótica para sostener la productividad.
Paralelamente, aumenta el gasto sanitario y de dependencia. Los mayores de 80 años presentan mayor prevalencia de enfermedades crónicas y multimorbilidad, incrementando la demanda de cuidados de larga duración, residencias y servicios sociales.
El patrón de consumo también se transforma: los hogares con personas mayores destinan más recursos a salud y vivienda, y menos a ocio joven y educación. Asimismo, el riesgo de pobreza en la vejez supera el 15 %, especialmente entre las mujeres, agravado por la brecha digital que limita el acceso a servicios y ayudas.
Para garantizar la viabilidad y la equidad del sistema, es preciso abordar tanto medidas estructurales como incentivos puntuales:
Reforma gradual de parámetros de jubilación: elevar la edad legal en función de la esperanza de vida, aumentar los años de cotización para calcular la pensión y ofrecer incentivos fiscales a quienes retrasen su retiro.
Fomento de la natalidad y conciliación: mejorar la protección a la maternidad y paternidad, promover horarios flexibles, ayudas directas a la familia y políticas de vivienda accesible.
Inmigración cualificada: diseñar programas de atracción de talento joven que contribuyan a equilibrar la pirámide de población y aporten cotizaciones al sistema.
Impulso del segundo y tercer pilar: incentivar planes de empleo, promover la cultura del ahorro a largo plazo y mejorar la fiscalidad de los productos de previsión individual.
Cada ciudadano puede contribuir a su futura seguridad financiera mediante:
El gran desafío de la población envejecida no solo es una cuestión de números, sino de construir un pacto social que integre solidaridad intergeneracional, sostenibilidad fiscal y bienestar individual.
Solo con una combinación equilibrada de reformas estructurales, políticas de apoyo y responsabilidad personal podremos asegurar unas pensiones dignas y sostenibles para todos, hoy y mañana.
Referencias
